Actualizado el 22 de abril del 2013:

Manifiesto

INTRODUCCIÓN.-

La Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y encarga a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios.

Esta organización y tutela, tanto de los medios humanos y materiales, las disposiciones normativas y los esfuerzos empleados en prevención de la enfermedad, investigación e innovación tecnológica han garantizado el derecho a la salud de las personas en los últimos 25 años y ha permitido desarrollar un Sistema de Salud comparable a los mejores, siendo tan eficaz como ellos y, aun, más eficiente. Todos los indicadores sanitarios internacionales confirman que el Sistema Nacional de Salud Español está entre los diez mejores del mundo.

La pretendida introducción de modelos de gestión en los que la “empresa privada” acapara la organización y aplicación de algunos aspectos de la asistencia sanitaria, provoca un conflicto de intereses entre la salud de las personas y los beneficios empresariales. Existen muchas experiencias, tanto en otros países, como en el nuestro, que nos muestran que los modelos de gestión privada de los recursos sanitarios públicos no mejoran la eficacia ni la eficiencia.

Es falso el discurso público que garantiza más eficiencia en la gestión privada de los servicios sanitarios públicos; no existe ni una sola publicación contrastable que lo manifieste. Es natural que las empresas privadas busquen un rendimiento económico que les haga ser rentables. Estos beneficios no pueden conseguirse y mejorar, a su vez, los beneficios en salud de la colectividad. Sí pueden conseguirse reduciendo los costes en medios humanos y materiales, reduciendo cartera de servicio, reduciendo calidades materiales…

Estamos asistiendo en España en los últimos meses al intento de privatizar la sanidad pública, mediante la introducción de modelos de gestión privada en los centros sanitarios públicos. Esto es más notorio en Madrid. Se razona por los responsables políticos que se trata de poder mantener viable el sistema, de racionalizar sus gastos. Sin embargo, no existe ningún estudio que acredite que este sistema de gestión mejorará la salud financiera del Sistema. Al contrario, se sabe que empeoran los resultados en indicadores de salud y que generan una espiral de gasto incontrolable en un futuro.